Desde Agrupación Hombre Nuevo, Argentina.
Puede seriamente hablarse de “transparentar” el
funcionamiento de un aparato cuya función es el espionaje interno? ¿Cuán
ingenuos o cínicos pueden ser los argumentos que planteen la posibilidad de
servicios secretos “democráticos”, pero conformados clandestinamente,
integrados por represores y orientados a perseguir militantes? La estructura de
la actual Secretaría de Inteligencia (SI-ex SIDE) cuyos miembros y funciones
permanecen prácticamente intactos desde la última dictadura; el propio
liderazgo en dicho organismo a manos del recientemente desplazado “Jaime”
Stiusso –que reporta en dichos servicios desde antes incluso de 1976 y contó
con el aval presidencial hasta hace semanas-; sus desconocidos 2.000 agentes y
su presupuesto de casi $ 2.000.000 diarios… todos estos elementos hacen que la
disolución de la SI sea un reclamo popular. Pero ese reclamo casi nada tiene
que ver con el reciclaje de dicho órgano en otro de
análogas funciones y miembros.
En medio de la oscuridad que rodea la muerte del fiscal Nisman, el gobierno nacional ha anunciado la “disolución” de la Secretaría de Inteligencia (SI-ex SIDE). Mediante los anuncios realizados por la presidenta este lunes 26 de enero por cadena nacional, se ha hecho público el proyecto de ley que promueve el ejecutivo para reformular las tareas y organismos de inteligencia. La salida de escena de la ex SIDE, medida tomada tras once años de mandato kirchnerista y tres décadas de gobiernos electos por el voto, viene de la mano de la formalización de otro aparato de inteligencia. Desde hace al menos dos años, viene creciendo en términos políticos y presupuestarios otro sector del espionaje estatal, bajo el amparo del represor César Milani, a cargo actualmente de la inteligencia militar de las distintas fuerzas armadas. En detrimento de la estructura de la ex SIDE, que con la venia del kirchnerismo venía siendo manejada de hecho hasta hace
dos meses por el sombrío “Jaime” Stiusso, se ha anunciado la creación de una nueva agencia de inteligencia federal, la AFI. No se ha explicitado, sin embargo, si en el proyecto presidencial, el actual staff de dicho órgano de características mafiosas pasará a retiro, será investigado, o simplemente será reasignado a la nueva agencia.
De esta manera, y como ha ocurrido varias veces, el oficialismo busca retomar las riendas de un sector clave para cualquier gobierno burgués, en este caso, en el fin de su mandato. Con un anuncio grandilocuente, recubierto por un cascarón progresista, se ha insistido públicamente sobre la necesidad de dotar de transparencia a las políticas de inteligencia, y se ha declarado que la presente reforma hará que sus fines no puedan ser, por ejemplo, los de persecución política a dirigentes sociales. Cabe señalar que este declamado perfil democrático ya formaba parte de la actual Ley de Inteligencia Nº 25.520, promulgada en los estertores del mandato presidencial de De la Rúa, ley que en su Art. 4º prohíbe expresamente a cualquier órgano de inteligencia, y no sólo a la SI, investigar a personas por su opinión política o pertenencia sindical/partidaria. El llamado “Proyecto X”, mediante el cual la Gendarmería Nacional infiltró y filmó manifestaciones y dirigentes, por poner solo un ejemplo, desmiente la ingenuidad que subyace en aceptar como válida la letra de esas leyes, algo muy distante de la práctica sistemática de los aparatos de inteligencia y de los aparatos represivos en general. Este mismo gobierno, supuesto adalid de la democratización del Estado, es además el que ha sancionado la “Ley Antiterrorista” impulsada por el imperialismo, herramienta para perseguir a las organizaciones populares, indisolublemente vinculada al espionaje interno.
La oposición reaccionaria insiste en hablar en contra de la “politización de la SIDE” y a favor de la independencia de poderes, como si tal cosa no fuera una entelequia. A la par, se naturaliza el vínculo explícito entre la justicia, los servicios secretos internacionales y la embajada estadounidense, vínculo que hallaba en el fiscal Nisman un claro exponente.
En total, los distintos cuerpos de inteligencia de las fuerzas represivas (la SI, Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria poseen sus propios aparatos de espionaje) implican un presupuesto de cerca de $ 1.400 millones de pesos anuales cuyo gasto no requiere rendiciones públicas. Cuesta mucho pensar que esa verdadera corporación dentro del Estado, con su enorme poder político, financiero y de lobby, pueda ser “reformada” para servir a los intereses del pueblo.
Sólo una masiva y firme movilización popular puede plantear seriamente una tarea como la de un genuino desmantelamiento de los aparatos de inteligencia. Mal podría plantearse esa tarea un gobierno que ha hecho gala de sus vínculos con la burocracia sindical, las patotas y barrabravas y el propio aparato represivo y de inteligencia que, ahora y producto de una disputa intestina, pretende reciclar.
análogas funciones y miembros.
En medio de la oscuridad que rodea la muerte del fiscal Nisman, el gobierno nacional ha anunciado la “disolución” de la Secretaría de Inteligencia (SI-ex SIDE). Mediante los anuncios realizados por la presidenta este lunes 26 de enero por cadena nacional, se ha hecho público el proyecto de ley que promueve el ejecutivo para reformular las tareas y organismos de inteligencia. La salida de escena de la ex SIDE, medida tomada tras once años de mandato kirchnerista y tres décadas de gobiernos electos por el voto, viene de la mano de la formalización de otro aparato de inteligencia. Desde hace al menos dos años, viene creciendo en términos políticos y presupuestarios otro sector del espionaje estatal, bajo el amparo del represor César Milani, a cargo actualmente de la inteligencia militar de las distintas fuerzas armadas. En detrimento de la estructura de la ex SIDE, que con la venia del kirchnerismo venía siendo manejada de hecho hasta hace
dos meses por el sombrío “Jaime” Stiusso, se ha anunciado la creación de una nueva agencia de inteligencia federal, la AFI. No se ha explicitado, sin embargo, si en el proyecto presidencial, el actual staff de dicho órgano de características mafiosas pasará a retiro, será investigado, o simplemente será reasignado a la nueva agencia.
De esta manera, y como ha ocurrido varias veces, el oficialismo busca retomar las riendas de un sector clave para cualquier gobierno burgués, en este caso, en el fin de su mandato. Con un anuncio grandilocuente, recubierto por un cascarón progresista, se ha insistido públicamente sobre la necesidad de dotar de transparencia a las políticas de inteligencia, y se ha declarado que la presente reforma hará que sus fines no puedan ser, por ejemplo, los de persecución política a dirigentes sociales. Cabe señalar que este declamado perfil democrático ya formaba parte de la actual Ley de Inteligencia Nº 25.520, promulgada en los estertores del mandato presidencial de De la Rúa, ley que en su Art. 4º prohíbe expresamente a cualquier órgano de inteligencia, y no sólo a la SI, investigar a personas por su opinión política o pertenencia sindical/partidaria. El llamado “Proyecto X”, mediante el cual la Gendarmería Nacional infiltró y filmó manifestaciones y dirigentes, por poner solo un ejemplo, desmiente la ingenuidad que subyace en aceptar como válida la letra de esas leyes, algo muy distante de la práctica sistemática de los aparatos de inteligencia y de los aparatos represivos en general. Este mismo gobierno, supuesto adalid de la democratización del Estado, es además el que ha sancionado la “Ley Antiterrorista” impulsada por el imperialismo, herramienta para perseguir a las organizaciones populares, indisolublemente vinculada al espionaje interno.
La oposición reaccionaria insiste en hablar en contra de la “politización de la SIDE” y a favor de la independencia de poderes, como si tal cosa no fuera una entelequia. A la par, se naturaliza el vínculo explícito entre la justicia, los servicios secretos internacionales y la embajada estadounidense, vínculo que hallaba en el fiscal Nisman un claro exponente.
En total, los distintos cuerpos de inteligencia de las fuerzas represivas (la SI, Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria poseen sus propios aparatos de espionaje) implican un presupuesto de cerca de $ 1.400 millones de pesos anuales cuyo gasto no requiere rendiciones públicas. Cuesta mucho pensar que esa verdadera corporación dentro del Estado, con su enorme poder político, financiero y de lobby, pueda ser “reformada” para servir a los intereses del pueblo.
Sólo una masiva y firme movilización popular puede plantear seriamente una tarea como la de un genuino desmantelamiento de los aparatos de inteligencia. Mal podría plantearse esa tarea un gobierno que ha hecho gala de sus vínculos con la burocracia sindical, las patotas y barrabravas y el propio aparato represivo y de inteligencia que, ahora y producto de una disputa intestina, pretende reciclar.
